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Hito regulatorio

Moratoria nuclear española

1 de enero de 1984 – 31 de diciembre de 1991 · España

Suspensión de la construcción de varios proyectos nucleares en España, marca el fin del programa nuclear expansivo del franquismo y la transición.

Qué pasó

La moratoria nuclear se aprobó formalmente en 1984 bajo el gobierno de Felipe González (PSOE) y se consolidó en el Plan Energético Nacional 1991-2000. Suspendió la construcción de cinco grupos nucleares que estaban en distintos estados de obra: Lemóniz I y II (Vizcaya), Valdecaballeros I y II (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara).

España había contemplado en los años 70 una expansión nuclear masiva — el Plan Energético Nacional 1979 preveía 20 reactores operativos en 1992. La transición democrática, los movimientos antinucleares (con fuerte presencia en Euskadi tras el atentado de ETA en Lemóniz que mató al ingeniero José María Ryan) y los costes crecientes tras Three Mile Island (1979) hicieron inviable ese programa.

España quedó con 7 grupos operativos: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo I (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). El programa Vandellós I fue cerrado tras un incendio en 1989.

Por qué pasó

La causa fue una combinación de factores: presión social antinuclear, costes crecientes de seguridad post-Three Mile Island, dudas sobre la viabilidad económica frente a otras tecnologías emergentes, y oposición política en territorios concretos (Lemóniz especialmente).

Impacto inmediato

España renunció a unos 12-15 GW de capacidad nuclear adicional, lo que la obligó a depender más del carbón en los años 80-90 y, posteriormente, del gas natural (ciclos combinados desplegados masivamente en 2000-2010).

A largo plazo, el camino abierto por la moratoria llevó al programa renovable de los 2000 (RD 661/2007 con primas) y a la transición actual.

Consecuencias a medio y largo plazo

El Estado pagó indemnizaciones a las eléctricas afectadas (Iberduero, Endesa, etc.) durante décadas vía el llamado CTC (Coste de Transición a la Competencia), finalmente cerrado a principios de los 2000. Coste total para los consumidores eléctricos: alrededor de 4.000 M€ acumulados.

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