El ejemplo más conocido es el impuesto catalán sobre los "emisores no nucleares" (impuesto a las grandes centrales contaminantes), y la tasa de algunas comunidades sobre las líneas de alta tensión que atraviesan su territorio.
Estos impuestos generan disputas con el Estado y a veces son recurridos al Tribunal Constitucional. Aunque pueden parecer pequeños, su sumatorio se traduce en cargos del sistema que pagan al final todos los consumidores.