España no ha tenido un mercado de capacidad formal durante años. El RDL 8/2023 y posteriores normativas han ido sentando las bases de uno: una subasta donde las centrales que estén disponibles cuando hace falta cobran por estar, no por producir.
Es un debate vivo. El sector eléctrico lo pide para incentivar nueva firmeza ante la salida nuclear. El Gobierno avanza con cautela porque cuesta dinero al sistema (lo paga el consumidor vía cargos).