Entre 2003 y 2013 los gobiernos congelaron las tarifas para no trasladar al consumidor la subida real de los costes. La diferencia se contabilizaba como déficit, que se financiaba con bonos del sistema eléctrico colocados en mercados.
La Ley 24/2013 prohibió generar nuevo déficit. Lo acumulado (más de 25.000 M€ en su pico) se sigue amortizando vía la factura eléctrica de todos los consumidores. Por eso el cargo correspondiente aparece como concepto fijo durante años.