Aprobada por el RDL 10/2022 y validada por la Comisión Europea, fijó inicialmente un tope al gas de 40 €/MWh creciente hasta unos 70 €/MWh. Permitió bajar el precio mayorista al consumidor durante el peor momento de la crisis energética, aunque los compradores debían cubrir vía un cargo extra la diferencia con el precio real del gas.
Estuvo vigente del 15 junio 2022 al 31 diciembre 2023. El balance en términos de ahorro fue intenso debate técnico-político. Se considera la medida regulatoria más singular del sistema eléctrico español de la década.