La excepción ibérica fue un mecanismo regulatorio aprobado por la UE en 2022 a petición de España y Portugal, que permitió poner un tope al precio del gas natural usado en generación eléctrica. Vigente entre el 15 junio 2022 y el 31 diciembre 2023.
El tope inicial fue 40 €/MWh, con senda creciente hasta unos 70 €/MWh. La diferencia entre el precio real del gas en el mercado europeo (TTF) y el tope la asumían los compradores vía un cargo extra. El objetivo: desacoplar el mayorista del precio del gas, que se había disparado por la guerra de Ucrania.
El ahorro para el consumidor final fue intenso debate político, con cifras que oscilan entre 5.000 y 20.000 millones de euros según metodología. Se considera la medida regulatoria más singular del sistema eléctrico español de la década.