El problema que vino a resolver
En el verano de 2021, los precios del gas natural en Europa empezaron a escalar. La guerra de Ucrania de febrero de 2022 los disparó hasta máximos históricos: el TTF (referencia europea) superó los 200 €/MWh en agosto de 2022, frente a los 15-25 €/MWh habituales pre-crisis.
En España, ese disparate del gas se trasladaba directamente al precio mayorista eléctrico porque los ciclos combinados (que queman gas) son habitualmente la tecnología marginal que fija el precio horario. Mes a mes, el precio medio del mayorista pasó de 50 €/MWh a 200, 280, 300 €/MWh. El PVPC se disparó proporcionalmente.
La medida
El RDL 10/2022, validado por la Comisión Europea, fijó un tope al precio del gas usado en generación eléctrica: 40 €/MWh inicial, con senda creciente hasta unos 70 €/MWh a lo largo de los doce meses siguientes.
La diferencia entre el precio real del gas en el mercado y el tope la asumían los compradores de electricidad vía un cargo de ajuste añadido a su factura. Es decir: el coste del gas seguía pagándose, solo que se trasladaba a la factura como un concepto separado, en lugar de ir embebido en el precio horario del mayorista.
El objetivo
Romper temporalmente el acoplamiento directo entre el precio del gas europeo y el precio mayorista eléctrico español. La idea: que el mayorista reflejara más el coste real de la generación renovable y nuclear española (mayoritaria en el mix), en lugar de quedar atado al gas europeo.
El alcance
Aplicó solo en la península ibérica (España + Portugal), lo que técnicamente se llama el MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad). El resto de Europa siguió con su modelo marginalista "puro".
Tuvo dos efectos cruzados:
- A favor del consumidor doméstico: el precio mayorista cayó significativamente frente a lo que habría sido sin la medida.
- En contra del exportador: España y Portugal vendieron electricidad barata a Francia (vía interconexión) durante muchas horas, lo que aumentó el flujo de exportación y, paradójicamente, llevó a que parte del beneficio se "escapase" hacia el sistema francés.
El balance
Las estimaciones del ahorro neto para el consumidor español oscilan entre 5.000 y 20.000 millones de euros según la metodología, el periodo considerado y si se cuenta o no el cargo de ajuste pagado por los compradores. Hay consenso en que el ahorro fue positivo y significativo para el hogar tipo, especialmente en los meses de mayor pico del gas.
El final
La medida se diseñó como transitoria: doce meses prorrogables. En la práctica se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023. A partir de 2024, con los precios del gas ya normalizados (TTF en torno a 30-40 €/MWh), el mecanismo dejó de aplicarse.
El legado
La excepción ibérica fue la medida regulatoria más singular del sistema eléctrico español en décadas. Sentó un precedente sobre cómo intervenir un mercado marginalista en una crisis de costes asimétrica.
La discusión más amplia que abrió —si el modelo marginalista europeo es adecuado para un sistema dominado por renovables, o si conviene rediseñarlo— continúa abierta en Bruselas con la reforma del mercado eléctrico de 2024.